Por Mex Faliero
Como era de suponer, los recientes despidos del titular del INCAA, Alejandro Cacetta, y del rector de la ENERC, Pablo Rovito, por parte del Ministerio de Cultura de la Nación, han dejado más dudas que certezas. Se sabe: la única certeza con las dudas, es que dejan lugar a todo tipo de sospechas. Dejemos de lado el vergonzoso informe presentado en el programa Animales sueltos por Eduardo Feinmann y Alejandro Fantino (que de tan mamarrachesco e insustancial, permite ver asomar los modos de una operación de prensa para desacreditar) y centrémonos en los hechos. No deja de ser llamativa la velocidad con la que el Estado actuó con las figuras de Cacetta y Rovito. Por más que Pablo Avelluto, ministro de Cultura de la Nación, nos cuente que hace meses que se analizan los supuestos hechos de corrupción que se denuncian, lo cierto es que amparados en nuestra historia más o menos reciente podemos asegurar que casi no hay ejemplos de funcionarios desplazados tan enérgicamente. Pensemos en el reciente caso del titular de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, quien fue apartado de su cargo (lo que resulta más acertado) y repuesto luego de que se aclarara la situación. O pensemos en el propio Avelluto, quien resultó fuertemente cuestionado por los gastos realizados en la Feria ARCO que se realizó en Madrid. ¿Se pidió la renuncia a sí mismo? ¿Al menos dudó un segundo en seguir en su cargo? Lo que llama poderosamente la atención es la velocidad y la fuerte convicción en la ejecución: o estamos hablando de hechos de corrupción inauditos (discúlpenme ser poco riguroso: lo dudo, y me río) que de explotar en unos meses impactarían en medio de la campaña electoral con las imaginables consecuencias o simplemente estamos ante la necesidad de mover funcionarios para avanzar con otros objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Ahí está el centro del asunto. Desde el Estado se habla de sanear el organismo (lo cual, como siempre, nos genera las necesarias dudas -y remarquemos: dudas no son certezas, lo digo por las dudas-), pero como las denuncias (todavía insustanciales) y los procederes (apresurados y curiosos) resultan endebles esto habilita todo tipo de sospechas. Incluso la defensa que hace de su rol el propio Cacetta resulta flaca: hablar de no aceptar manejos espurios, como lo hizo en una entrevista radial, es pobre mientras no aclare cuáles son esos manejos espurios que le pedían. Es pobre porque no clarifica sino que siembra más dudas. Y dudas no son lo que faltan en este momento. Porque para el caso ¿qué es lo que no puede decir ni contar Cacetta? Las sospechas las conocemos, se han hecho públicas (van desde la tibieza con la que el ex del INCAA afrontó la acción de desarticular “kioscos” -como muy académicamente manifestó Avelluto- y por eso se lo removió hasta el deseo del Ejecutivo por hacerse del fondo que financia el cine). Son sospechas, que algunos quieren convertir en certezas. Cada cual tiene sus intereses, y hay quienes los tienen genuinamente y quienes no. La forma en que se financia el cine fue acordada por ley y para que esa ley quede desarticulada es preciso un trabajo legislativo que lleva un tiempo. Y que, además, obtendría visibilidad. Visto el panorama (hasta sectores amables con el Ejecutivo, como el realizador Juan José Campanella, se mostraron en alerta) no parecería, afortunada y saludablemente, una tarea sencilla para el Gobierno. Insisto, si este es el objetivo de fondo. Por lo pronto son sospechas. Y sospechas que terminan justificadas y fundadas ante la evidente desprolijidad con la que el Gobierno ha manejado este tema sensible, o que precisa de esa sensibilidad que los equipos técnicos y los CEO empresariales parecen no tener. Por lo pronto esta historia no tiene un fin; continuará.