Por Rodrigo Seijas
El 3 de febrero de este año la Auditoría General de la Nación publicó una resolución por la cual se aprueba un informe publicado el 8 de octubre del año pasado y dirigido a la entonces Presidente del INCAA Lucrecia Cardoso, cuyo objeto es la “Verificación del Fondo de Fomento Cinematográfico –origen y aplicación de los recursos-”, abarcando el período comprendido entre el 1 de enero del 2008 y el 31 de diciembre del 2012, es decir, a toda la gestión de Liliana Mazure, antecesora de Cardoso en el cargo. Leyendo la noticia acá, no deja de ser llamativo que figure como uno de los firmantes de la resolución Ricardo Etchegaray, siendo que fue Director Ejecutivo de la AFIP durante el gobierno kirchnerista, aunque al mismo tiempo no deja de ser lógico –y coherente-, ya que es el actual Presidente del organismo de control externo del Sector Público Nacional.
El informe –que puede ser consultado aquí– es lapidario, ya que registra incumplimientos prácticamente sistemáticos de la Ley Nº17.741, ausencia de planes de Gestión Anual (con la excepción del año 2010) o Estratégico Institucional, actividades por fuera de lo establecido de distintas normativas, incumplimiento de leyes laborales, inexistencia de manuales de procedimiento y reglamentos internos, regulaciones superpuestas, cuentas bancarias sin un funcionamiento aprobado por una autoridad competente, una recaudación menor a la que se podría lograr, créditos canalizados por vías irregulares y varios ítems más. Si se tuviera que hacer un balance general, lo que se evidencia es un organismo de enorme importancia que a lo largo de cuatro años manejó sus recursos e implementó acciones de formas cercanas a lo anárquico, sin planes de diverso rango, metas explícitas, controles internos activos, reglas que sirvan de guía y, principalmente, de espaldas hacia los mandatos de transparencia que exige un ámbito como el Estado Nacional.
Frente a esto, surgen numerosas preguntas: ¿Qué tiene para decir frente a esto Mazure? ¿Y Cardoso? ¿La ex Presidente Cristina Fernández? ¿El actual Presidente del INCAA Alejandro Alberto Cacetta? ¿El actual Presidente Mauricio Macri? Siguiendo: ¿Hay una continuidad entre las fallas evidenciadas en los años de Mazzure y los de Cardoso? ¿Y yendo hacia atrás en el tiempo? Y finalizando (por ahora): ¿Cómo hacer para que el INCAA se maneje de cara a la gente, cumpliendo con las normas impuestas por el propio Estado? ¿Qué tipo de mecanismos de control se deben implementar para que no tengamos que enterarnos de desmanejos cuatro años después de ocurridos?
Lo que realmente desconcierta y preocupa es la reacción (o falta de ella) frente a este informe de otros actores del cine argentino que no sean las autoridades institucionales. Nada se ha dicho por parte de los realizadores, actores o técnicos, mientras que la crítica no ha opinado al respecto y apenas si difundió la noticia –algunos sitios como Escribiendo Cine o Haciendo Cine ni siquiera se molestaron en hacerlo-. Esto parece ser coherente con el hecho de que en la discusión sobre el cine argentino lo que prevalece como foco es la cantidad de plata que se destina, y no los criterios, métodos y procedimientos al hacerlo. Es decir, importa el cuánto, no el cómo, a partir de la creencia de que todo se soluciona poniendo más y más dinero.
Es imprescindible un debate coherente, preciso y constructivo sobre el funcionamiento del INCAA en todos sus estamentos y niveles. Pero para que eso suceda, primero debe haber un interés sostenido por parte de todos los sectores. Pero entre el desinterés de algunos y la necesidad de callar de otros, esa discusión parece muy pero muy lejana.
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