Por Rodrigo Seijas
(@rodma28)
Luego de amagar, en agosto del año pasado, con disolver el área de Festivales Nacionales y descentralizar sus recursos, repartiéndolos en las dependencias de cultura provinciales, el INCAA resolvió darle continuidad y abrir sendas convocatorias para los eventos que se realicen durante este año. No deja de ser una buena noticia que se anule -o al menos se postergue- lo que en los hechos iba a ser un ajuste, pero ya ha quedado en evidencia que las autoridades del Instituto no tienen una política clara en relación al tema, más allá de la intención inicial de sacarse de encima responsabilidades. Pero, además, vale la pena preguntarse si no necesita un abordaje más enriquecedor: es que el área solo está dedicada a brindar apoyo institucional y económico a los festivales nacionales, lo cual implica que aporta su aval -casi como decir su marca- y una cantidad de dinero para cada evento. No hay criterios claros y transparentes que sustenten el monto económico que se destina a cada festival: la cantidad de plata que se asigna es porque sí, en el momento en que el Instituto pueda o quiera, y da la sensación de que depende de los recursos disponibles en el momento, o del humor de algún funcionario al que le tocó mirar la carpeta de presentación. Tampoco hay procedimientos sistemáticos y explícitos para el apoyo institucional, que en la mayoría de los casos no va más allá de algo de difusión a través de las vías de comunicación del INCAA y documentación que indica que sí, que el Instituto sabe que el festival existe. De ahí que el vínculo que establecen los organizadores con el Estado podría resumirse con este diálogo: “hola, somos este festival, ¿nos pueden dar esta cantidad de dinero y certificar que existimos?”, a lo cual viene la respuesta “OK, ya quedaste en nuestro registro, te podemos dar esta plata, que va a llegar…cuando te avisemos”. Esa relación solo puede calificarse como asistencialista, en el peor sentido del término: no hay detrás una idea de formación de espectadores o de construir una agenda cinematográfica de tintes federales, con carácter participativo y de retroalimentación entre las partes intervinientes. A esto hay que agregarle que varias organizaciones festivaleras potencian los vicios desde la dependencia: hay eventos que se planifican tomando como único escenario posible que haya apoyo estatal. En consecuencia, si el dinero del INCAA no aparece en los tiempos y formas esperados, “el festival no se hace” y, obviamente, la culpa es del Estado. Y no, ahí la culpa no es del Estado, sino de las personas que arman sus planes como si fueran el centro del mundo. Sin embargo, el problema de fondo va por otro lado: una política de festivales no puede pasar solo por la variable económica o la del mal llamado “apoyo institucional”. Debe involucrar numerosos aspectos, que abarcan desde la formación en gestión cultural hasta la detección de públicos potenciales, pasando por la concreción de alianzas territoriales. Y que tiene que perseguir, entre otros objetivos, el cortar -o por lo menos disminuir- los lazos de dependencia. Es decir, que los organizadores no estén siempre esperando pasivamente el dinero del INCAA y que puedan encontrar otras fuentes de financiación, o por lo menos formas apropiadas de realizar los festivales, aunque no cuenten con el apoyo económico estatal. Todo esto requiere de políticas complejas, que necesitan de tiempo y esfuerzo para su implementación, pero que son viables. Hay que comenzar a recorrer el camino para terminar con las metodologías que solo producen -y reproducen- asistencialismo y dependencia.